Generación de Valor o de Utilidades.

La reciente crisis financiera que sumio la economia mundial en un periodo de recesión y destrucción tanto de valor como de empleos para las compañias, llevo a que estas ultimas solo en Estados Unidos para el año 2008 se perdieran 2'6 millones de empleos; esta situación ha permitido que durante los años 2009 y 2010 se comiencen a presentar resultados corporativos mejores que los esperados, no obstante se deja sobre la mesa la siguiente pregunta: "¿hasta que punto se puede seguir implementado la estrategia de recortar costos laborales con el fin de presentar utilidades?".

Si bien es cierto los recortes de planta laboral son una de las primeras opciones tomadas por las directeivas de una organización para buscar sanearlas, quiza no estan tomando demasiado en serio los costos ocultos de no buscar una causa mas de fondo, pueden terminar destruyendo valor y aun seguir mostrando utilidades, es claro que momentos extremos exigen decisiones complejas, pero nunca deberia perderse de foco el objeto básico financiero de las empresas, el cual es simplemente generar valor para los accionistas y que son estos ultimos quienes van a evaluar nuestra gestion como directivos empresariales.

Ahora bien, es claro que la generaciòn de valor no va de la mano de la generación de utilidades, pues estas ultimas son maquillables, presentando los valores del estado de resultados de una manera distorsionada, por lo que una empresa puede dar utilidades pero año a año ir destruyendo valor de manera sistematica sin que sus accionistas se den cuenta de ello, en contraposiciòn la creación de valor empresarial exige un analisis de causalidades, con el fin de identificar la existencia de fondos ociosos, politicas empresariales de gestion de inventarios y recuperación de cartera, eficiencia administrativa y operacional, desvio de recursos, utilización del capital de trabajo y finalmente el flujo de caja libre de la organización; notese pues que no se limita a despedir trabajadores, pues esta opción aunque reduce costos en el corto plazo, se convierte en un arma de doble filo al perder la experiencia organizacional de la empresa.

Planeación Tributaria y entorno Tributario Corporativo

El proceso de planeación tributaria permite a las personas jurídicas y naturales, siempre bajo el amparo de la legalidad, determinar la forma más adecuada para realizar los pagos de sus obligaciones con el estado en los tiempos adecuados, pero buscando realizar los pagos más bajos posibles, con el estricto y único fin de garantizar el cumplimiento del objetivo básico financiero; no obstante en el pro de lograr tal objetivo, la compañía bajo ningún precepto deberá realizar acciones que pongan en riesgo la operación de la empresa, de igual manera tampoco deberán trasladarse los tributos que dejo de pagar la compañía, hacia sus socios y de plano deberá definirse una política que permita consolidar el proceso de planificación en el tiempo y no como un conjunto de medidas temporales que buscan la reducción de las obligaciones tributarias para un periodo de tiempo, sin importar que a futuro estos se incrementen.
Es entonces claro el proceso de planificación tributaria tiene como fin último garantizar que el estado reciba la mínima suma posible por el concepto del pago de tributos, de manera tal que el contribuyente no vea afectada su rentabilidad ni que el fisco afecte de una manera negativa sus finanzas; por lo tanto este proceso se convierte en una herramienta útil a la administración empresarial para permitirle de una manera anticipada determinar los posibles efectos de los impuestos sobre las finanzas de la compañía y de esta manera poder establecer un conjunto de medidas que puedan aminorar la carga tributaria en el tiempo, valiéndose de los beneficios que para tal fin se determinan en el estatuto tributario; adicionalmente es conveniente mencionar que dada la naturaleza fluctuante que han presentado la normatividad tributaria en el país, el impacto generado por un proceso de estas características, permite preparar los planes empresariales con el fin de permitirle a la administración la definición de estrategias para afrontar tales cambios.
Con el fin de afrontar un proceso de planeación tributaria de una manera eficiente, se hace necesario definir un conjunto de fases, en las cuales se definirá este de tal manera que pueda llevarse a cabo de una forma eficiente; para tal fin primero deberá tenerse un claro conocimiento del negocio, esto incluye las características de la compañía, objeto social, composición de su capital social, riesgos a los cuales se encuentra expuesta, legislación tributaria de carácter especial que es aplicada a ella, planes de inversión e información contable y financiera proyectada en el tiempo; adicionalmente se hace necesario recapitular la información historia de la compañía respecto al manejo tributario, con el fin de identificar aquellos aspectos susceptibles a mejorar, así como la posibilidad de aprovechar saldos a favor y evitar sanciones.
Partiendo de la información recopilada previamente, se define un plan que permita cubrir los siguientes aspectos tales como el diferir los impuestos, los costos de oportunidad ó riesgos involucrados en una alternativa específica y finalmente las modificaciones que vienen de la mano de las reformas tributarias que se dan tan frecuentemente en nuestro país. Considerando tales elementos se hace necesario entonces preguntarse ¿Qué quieren los accionistas?, respuesta que bien puede ser repartir utilidades, capitalizar la compañía, reducir los impuestos que cancela la compañía ó reducir los impactos en los accionistas minoritarios; no obstante de la mano de las alternativas que se presentan en el tema tributario a nivel nacional, también deben contemplarse alternativas que involucran la utilización de los mercados nacionales, esto de la mano de figuras que permiten gozar de bajas tasas de tributación como la presentada en los paraísos fiscales, fideicomisos y sociedades OFFSHORE, claro está que el manejo dado siempre deberá ser legal y perseguir fines lícitos.
Ahora bien, es claro que la implementación del plan definido, requiere de una estrategia con el fin de lograr una exitosa implementación, para tal fin, se hace necesario siempre considerar hasta el más mínimo detalle, por ejemplo en el caso de la presentación de la declaración de renta, deberá procurar presentarla de manera oportuna, acogerse al beneficio de auditoría, evitar pedir reembolsos, así como la ocurrencia de errores en el diligenciamiento del formulario; adicionalmente es claro identificar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el contribuyente, con el fin de minimizar su impacto en caso de ocurrencia, esto permitirá garantizar el cumplimiento del objetivo del proceso.
La gestión del riesgo sistémico del proceso de planeación tributaria, implica la determinación de aquellos factores en los cuales se debe fundamentar la estrategia, considerando entonces la implementación de una matriz DOFA, en la cual las debilidades estarán supeditadas a la situación interna de la empresa, las cuales estarán determinadas por no conformidades en los soportes e información contable; en el caso de las oportunidades se aprecia la posibilidad de acogerse a beneficios, exenciones y descuentos; las amenazas estarán determinadas por las modificaciones en el régimen tributario nacional y de los países en los cuales se encuentre localizado el capital de la persona natural ó jurídica; finalmente las fortalezas se encuentran asociadas con las condiciones de los países en las cuales están los recursos.
Consideremos el caso puntual de una empresa dedicada a negocios en el área de tecnologías de la información, la cual puede cimentar su estrategia tributaria en elementos tales como el desarrollo y comercialización de software propio, siempre y cuando este sea elaborado antes del 31 de diciembre de 2012, la prestación de servicios a empresas ubicadas en el extranjero, dado que estos gozan de exención en el impuesto a las ventas, el leasing de los equipos de computo, ubicación en zonas francas, entre otras; No obstante la implementación de la estrategia, deberá ir de la mano de un proceso de concertación , que permita enfocar los objetivos de la organización y de sus accionistas en torno a los aspectos que será necesario evaluar en términos de afectación de los individuos; en consideración a este aspecto, deberá realizarse una evaluación integral, considerando que el objetivo del administrador es la maximización del valor de la empresa, considerando como un fin el precio de venta de la empresa y no la distribución de las utilidades vía dividendos, claro está que para muchos accionistas, la idea de no recibir dividendos o hacerlo en una proporción inferior a la esperada, deja la percepción de una mala gestión, sería tarea de las directivas de la empresa realizar la adecuada capacitación financiera de las personas respecto a estos elementos.
La situación ideal de un proceso de planeación consiste en aplicar todos aquellos elementos que se encuentren en la legalidad que permitan generar un impuesto alternativo al realmente causado, con un nivel de riesgo cero; el hecho entonces no es dejar de pagar impuesto sino buscar cancelar el mínimo valor posible; para tal fin como se ha venido haciendo mención de una manera previa, deberá en una primera instancia llevar a cabo un proceso de evaluación financiera, definido para un horizonte no menor a cinco años, considerando los flujos de caja proyectados bajo tres escenarios, uno optimista, uno pesimista y finalmente uno neutral, estos escenarios se encontraran soportados en proyecciones macro y microeconómicas, preferiblemente publicadas por entidades que gocen de credibilidad a nivel nacional; a su vez se hace necesario contemplar los posibles cambios en la normatividad tributaria, especialmente porque estos pueden percibirse mucho antes que ocurran, tal es el caso del GMF y del impuesto al patrimonio, así como la posibilidad de la desaparición de exenciones, claro está que siempre puede plantearse la opción de un acuerdo de estabilidad jurídica, los cuales se convierten para el gobierno nacional en una herramienta para reforzar la confianza y generar un clima propicio para la inversión.
Para finalizar, se hace necesario dentro del proceso correspondiente a la planificación, construir un cuadro en el cual se ilustren los tributos, sus correspondientes tasas y beneficios, que deberá pagar la persona natural ó jurídica por realizar sus operaciones comerciales al estar ubicada en un territorio determinado.

¿Han aumentado el recaudo las reformas tributarias en Colombia?

Colombia a cerca de 20 años de haber promulgado la nueva carta magna y tras haber experimentado un periodo de crecimiento económico durante los años 2005 al 2008, el cual se vio interrumpido durante la crisis financiera acaecida en el año 2009, retorna nuevamente a la senda del crecimiento de la mano de una bonanza en el sector minero-energético, la cual se espera sea capitalizada por parte del gobierno nacional de la mano de la implementación del marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal, hechos que buscan generar superávit primario; adicionalmente hace pocos días se comenzó el trámite en el congreso nacional de la reforma a la distribución de las regalías, con lo que se busca mediante una mejor distribución de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales beneficiar a las regiones del país y propiciar su progreso.
No obstante los hechos planteados, es claro primero que el estatuto tributario nacional parece más una colcha de retazos, que un documento serio que permita el recaudo de los tributos de una manera eficiente, considerando que esto es el producto de una serie de reformas tributarias, las cuales desde la década de los noventa se dieron casi a razón de una por año con el firme propósito de incrementar el recaudo de impuestos y financiar el incremento en los gatos del estado; he aquí entonces el meollo del asunto y es lo que nos hace preguntarnos a que se debió este incremento en gastos, y claro está, aunque la respuesta no parezca obvia, si es sencilla, la constitución promulgada en el año 1991, la cual de la mano de la creación de nuevas entidades, incremento en las transferencias a los entes territoriales y del intervencionismo de la corte constitucional en temas económicos y tributarios, han llevado el gasto del gobierno central a limites insostenibles.
Pero indicar que la constitución de 1991, es la única responsable del desastre fiscal del estado Colombiano, sería injusto, especialmente considerando que el desbalance en las finanzas del estado comenzó cuatro años antes, con la reforma tributaria del año 1986, la cual pretendía preparar el país frente a un proceso de liberación económica, la cual finalmente vendría a consolidarse en la década de los noventa de la mano del mandato del señor presidente de la Republica Cesar Gaviria Trujillo; valga la pena aclarar a este punto que antes de la reforma tributaria de 1986, los ingresos fiscales del estado permitían cubrir en una gran parte los gastos del mismo.
Recapitulando un poco, entonces podemos apreciar como dos políticas, cuyos objetivos podrían haber contribuido al desarrollo del país, se convirtieron en un desangre para las finanzas públicas y sumieron al estado Colombiano en un círculo vicioso de reformas tributarias que buscaban el incremento de los ingresos fiscales del estado colombiano, sin detenerse a revisar como lograr un punto de equilibrio fiscal que garantizara las finanzas públicas en el largo plazo. Es así que encontramos reformas tributarias que retiran exenciones y otras que las promulgan, adicionalmente a este hecho, observamos como impuesto tales como el IVA, fluctúan entre el 12 y el 14% en un periodo de 5 años, para ubicarse en la actualidad en el 16%, la reducción del impuesto a las remesas, pasando del 12 al 7% y la tarifa del impuesto de renta oscilando entre el 30 y el 38,5%; esto claramente presenta un panorama fiscal inestable frente a los inversionistas nacionales y extranjeros, generando un clima de desconfianza hacia la economía nacional; claro está que con miras a solventar este hecho y mejorar el clima para el inversionista se han generado acuerdos de estabilidad jurídica a veinte años, con lo que se pretende garantizar las condiciones de inversión en el mediano plazo.
Ahora bien, continuando con el tema, se podría determinar entonces que la década de los noventa jugó un papel fundamental para el desarrollo de las finanzas públicas colombianas, considerando que la deuda bruta consolidada del sector público colombiano paso de representar un 16,5% del PIB a un 64,5% para el año 2001, y que de la mano de este incremento se encuentre el de las transferencias a los entes territoriales, las cuales pasaron de 4,53% del PIB al principio de la década de los 90, a un 8,39 a finales de la misma.
Es claro que los gobiernos de la primera década del siglo XXI, no han hecho una mejor tarea y aunque consiguieron para el año 2009 consolidar la deuda del sector público en un 16% respecto al PIB, no lograron el cometido de llevar al congreso una reforma tributaria estructural que corrija de tajo la situación deficitaria del presupuesto nacional y garantice el funcionamiento optimo del estado, permitiéndole cumplir con los objetivos sociales que determina la constitución.
Frente a lo anterior, es factible ver que las medidas que se han venido tomando con el fin de solucionar el grave problema de ingresos del fisco, tan solo han conseguido permitirle a las administraciones ganar tiempo, mas no corregir el desbalance de fondo, el cual claro esta comenzaría desde mi punto de vista con una reforma de carácter constitucional tendiente a flexibilizar la dinámica del gasto, declarar como un objetivo de carácter fundamental para todas las instituciones del estado en pro del beneficio del pueblo colombiano, la adecuada gestión de los dineros públicos, velando por el patrimonio colectivo; en una segunda medida se debe buscar incrementar la base de ciudadanos que pagan sus tributos, obviamente acompañado de la mano de políticas tendientes a controlar la evasión, el contrabando y la morosidad, para tal fin deberían ponerse al alcance de la DIAN, todas las herramientas necesarias y suficientes para alcanzar tal cometido, esto deberá ir de la mano de un incremento en las penas para los dos primeros delitos y de una política que propicie al contribuyente un beneficio en caso del pronto pago de sus obligaciones y de un castigo en caso de retraso.
A su vez, se hace necesario garantizar que el acceso a los subsidios que proporciona el estado, sean en efecto solo para las personas más vulnerables de la sociedad, para tal fin deberá entonces atacar uno de los problemas fundamentales del estado colombiano y este claro esta es la corrupción, la cual desangra las arcas públicas año a año, de una manera continua, para tal fin, deberá garantizarse que este delito sea adecuadamente castigado por parte de la justicia.
Respecto a los otros hechos que deterioran año a año las finanzas públicas, debe en una primera instancia garantizar eficiencia administrativa en los procesos de la totalidad de las entidades públicas, para tal fin deberá procederse a fijar políticas tendientes a garantizar la sostenibilidad de las nominas públicas en el tiempo, limitando las contrataciones de personal, definiendo los cargos y delegando las actividades no propias del sector público a entidades del sector privado; es claro que existe un problema respecto al manejo pensional del país, el cual va de la mano con el incremento en las expectativas de vida de los Colombianos, los cuales a futuro van a recibir mesadas por más tiempo, situación que pone sobre la mesa dos elementos, siendo el primero tal y como proponen los bancos y en concordancia con el resto de las economías mundiales, incrementar la edad de jubilación, siendo esto complementado con un gravamen a las pensiones de mayor cuantía; no obstante deberá también tenerse un enfoque en la formalización del trabajo, con lo que se estaría tendiendo control sobre una mayor cantidad de recursos que se muevan en la economía nacional; con el fin de permitir un cobro de fácil recaudo, debería mantenerse el gravamen a los movimientos financieros, sin exención alguna, pero con una tarifa de 50 centavos por cada mil pesos.
Finalmente deberá entonces revisarse el plan de ordenamiento territorial, esto buscando fundamentalmente la eficiencia, claro está que sería de la mano de la reducción en la cantidad de departamentos, incremento en los requisitos para convertirse en municipio, con lo que se reducirían la cantidad de municipios existentes en el país y se reduciría la cantidad de burócratas poco calificados que buscan un cargo público para dilapidar los dineros del contribuyente; adicional a este hecho deberán establecer controles tal y como lo ha propuesto el gobierno nacional con el fin de evitar el uso desmedido por parte de los entes territoriales, comprometiendo el futuro de los mismos; eso sí, deberán implementarse incrementos graduales en la tarifa del impuesto predial, con el fin único de mejorar las finanzas de los municipios.